El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa condenó este viernes a dos exjueces de esa provincia que eran acusados de encubrir crímenes de lesa humanidad. Se trata de Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, quienes recibieron una pena de un año y ocho meses de prisión por haber encubierto los secuestros y las torturas que padecieron ocho trabajadores judiciales durante la última dictadura militar.
Cuando se cometieron los hechos, los acusados se desempañaban como magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, y para ambos, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión,
En un requerimiento presentado en la mañana de este viernes, el fiscal general Carlos Amad consideró que los exmagistrados fueron “autores penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en siete casos que concurren materialmente”.
A lo largo del juicio se evaluó la responsabilidad penal de los dos exmagistrados en las acciones y omisiones que permitieron que siete empleados del Poder Judicial formoseño fueran perseguidos y secuestrados.
Amad calificó los delitos imputados a los exmagistrados como crímenes de lesa humanidad “porque fueron ejecutados dentro del plan criminal de la dictadura militar“.
El fiscal general Carlos Amad.
“Debo decir que por la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño, lo que pudieron hacer y no hicieron, entiendo que son totalmente responsables de los delitos que se les imputa“, señaló el fiscal general respecto de Montoya y Vázquez Rey.
Las víctimas cuyos casos se abordaron en este debate son Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, quienes militaban en la Asociación Judicial de Formosa.
El grupo de trabajadores fue secuestrado en su mayoría el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien habían apresado un día antes. Insfran y Borgne, que eran pareja, continúan desaparecidos, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.
Amad repasó que, de acuerdo con la prueba documental, las siete víctimas fueron detenidas y puestas a disposición del Área Militar 234, que le informó al TSJ que las tenía privadas de la libertad, de acuerdo con una nota que le remitió entonces a ese tribunal el jefe del Regimiento de Infantería de Monte N°29, Martín Alturria.
El fiscal Amad puso de relieve que en base a ese informe el TSJ -integrado entre otros por Montoya y Vázquez Rey- dictó el Acta N°1082, donde resolvió suspender a Acosta, Medina, Chagra, Colman y Levi, y dejar cesante a Insfran, Borgne y Sena por inasistencia injustificada a su trabajo.
“¿Inasistencia injustificada? No eran faltadores contumaces. Estas personas representaban el enemigo y el enemigo debía ser eliminado. Surge de esos informes que los imputados conocían la situación de privación ilegítima de la libertad en que estaban los empleados. Ellos, como jueces del TSJ, ¿no van a preguntar qué juez dio la orden para detenerlos? No lo hicieron porque ellos sabían perfectamente quién los estaba deteniendo“, fundamentó Amad.
Y sentenció: “Estaban en el máximo cargo judicial de una provincia. Estos señores exjueces formaron parte de la estructura represiva“.
Con información de Télam.