A pesar de que lleva 7 meses sin cumplir con el envío del pliego para designar a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco, tal como prevé un decreto del 2003 que lleva su propia firma, Alberto Fernández busca darle impulso a un proyecto para ampliar a 25 miembros la conformación de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la disputa que, empujado por el kirchnerismo duro, libra el Gobierno con la Justicia.
Más allá de la suerte de este proyecto que agita el oficialismo, en el Gobierno atribuyen a las dificultades para poder avanzar en la búsqueda de consenso las demoras al nombre para reemplazar a Highton de Nolasco. El plazo que fijó el decreto 222/2003 venció el 1 de diciembre pasado, exactamente 30 días después de que se formalizará la renuncia.
“No nos ponemos de acuerdo entre nosotros, mucho menos podemos salir a buscar consenso en la oposición“, admitió, con crudeza, un integrante del Gabinete de extrema confianza de Fernández, al confirmar que “no está en los planes” el envío de un nombre. Resulta lógico si se tiene en cuenta que necesita los dos tercios de los votos en el Senado para conseguir su aprobación y hoy el oficialismo apenas consigue mayoría -en temas no delicados- para sesionar.
“Se está trabajando para que la propuesta surja del consenso que se logre entre los actores involucrados”, respondió el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al ser consultado en el informe de gestión del Senado, para sorpresa de varios protagonistas: , sencillamente porque la Casa Rosada no está negociando.
Los cuatro jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En plena guerra, tras las Legislativas, no hubo demasiado margen para negociación. Con Cristina cuestionando abiertamente a su administración, Fernández no avanzó con su socia. En lo único que hubo acuerdo fue un punto sobre el que no hubo ni siquiera debate: coinciden en que la designada debía ser una mujer. Pero el intercambio de nombres quedó pendiente.
Así, con el antecedente del pliego de Daniel Rafecas, el candidato de Alberto F. como procurador general de la Nación que fue bloqueado por los K en el Senado, quedó pendiente.
Elena Highton en un acto de la UBA el año pasado antes de renunicar a la Corte. Foto Juano Tesone.
Lo insólito es que Fernández incumple una norma que firmó, como jefe de Gabinete, junto a Néstor Kirchner y el hoy secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. “Producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de 30 días, se publicará el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”, dice el texto.
Ahora, en el Gobierno utilizan el proyecto de reforma de la Corte Suprema como excusa para seguir dilatando definiciones, con la expectativa de que la necesidad de cubrir más vacantes podría generar un incentivo para sectores de la oposición a convalidar nombres controvertidos.
Sin embargo, dentro del propio Gobierno hay voces que también relativizan el ímpetu que le pondrá Fernández al proyecto de ampliación. “Es marcarle la cancha a la Corte y decirle ‘nosotros también jugamos'”, sintetiza un funcionario al evaluar la probabilidad de que la movida sea ley.
La confrontación con el Alto Tribunal tiene como condimento especial las versiones que en el oficialismo dejan trascender respecto a un inminente fallo favorable a la Ciudad de Buenos Aires en la puja por los fondos de coparticipación que Fernández le quitó en septiembre de 2020 por entender que, durante la gestión de Mauricio Macri, hubo un exceso en la cifra estimada en concepto del traspaso de la Policía Federal. En ese contexto, desde las sombras, como reveló Clarín, el Presidente trazó un scrum con los gobernadores para intentar condicionar a los magistrados.
Los mandatarios, en su mayoría del PJ pero también algunos fieles aliados K como el santiagueño Gerardo Zamora, alzaron la voz ante la posibilidad de que una decisión de la Corte que beneficie a la Ciudad se transforme en una reducción de los fondos que Nación envía al resto de las provincias. Así, hicieron propio un proyecto que sectores del kirchnerismo agitan desde que arrancó el gobierno del Frente de Todos pero que recién encontró eco en la Casa Rosada en los últimos meses.
Resulta toda una advertencia la postura histórica del kirchnerismo en torno a la ampliación del Alto Tribunal para entender qué se propone el Ejecutivo azuzando esta reforma. Sólo alcanza con recordar que la actual composición responde a un proyecto impulsado en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, convertido en ley en forma exprés, que contempló una reducción gradual de 9 a 5 integrantes.
La vicepresidenta, por entonces, contó con el respaldo de sectores de la oposición que, con la depuración de la corte menemista y su “mayoría automática”, buscaba empoderar a los miembros de la Corte.
La defensa de Cristina a su proyecto fue contundente y se amparó en la defensa institucional de la división de poderes: “Estamos ante un hecho que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”, resaltó, en alusión a la decisión de Néstor Kirchner, en la sesión del Senado del 22 de noviembre de 2006. Otros tiempos.