Durante una hora y media, la vicepresidenta habló ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que la juzga por el presunto direccionamiento en la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, su ex socio comercial. Desde su despacho del Congreso y sin dejar de lado el tono político en su planteos, anunció que denunciará a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que pidieron una pena de doce años de prisión para ella y vinculó los efectos del juicio de Vialidad con el atentado que sufrió el 1 de septiembre cuando intentaron gatillarle dos veces en la cabeza.
“Se desmontaron las mentiras de la fiscalía y vamos a pedir que se los investigue”, indicó sobre Luciani Y Mola.
Mas tarde, retomó los nexos que, según su mirada, existen entre el juicio de Vialidad y el atentado y sostuvo: “Yo hasta el 1° de septiembre creí que era esto, pero a partir de ahí me di cuenta de que puede haber una cosa más. Es como que el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar ya en hacer cualquier cosa”.
Y siguió: “El día que el fiscal terminaba su histriónico alegato pusieron la puerta de mi casa en la televisión. Ahí mismito me quisieron pegar un tiro”.
La vice también dijo que se siente en “estado de indefensión”
El presidente del TOF 2, Jorge Gorini le concedió la palabra a la vicepresidenta en función de lo que posibilita el Código Procesal Penal en su artículo 104, que es que un acusado pueda hablar durante los alegatos si en su carácter de abogado asume la propia defensa. “Tal como autorizó este Tribunal es momento de escuchar a la doctora Fernández de Kirchner”, dijo el magistrado.
Fue la primera réplica de Cristina Kirchner al iniciar su propia defensa: “No puedo dejar de mencionar que se me negó el derecho de defensa cuando hubo un alegato ampliando acusaciones que no habían sido parte del juicio”, dijo respecto a un pedido de ampliación de indagatoria que se encontraba fuera de los términos del debate oral.
En ese sentido dijo: “Aclaró que esta instancia no es por concesión del Tribunal sino porque me lo permite el Código Procesal sino hubiera estado en estado de indefensión”.
Previo al pedido de absolución que formulará su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta se refirió al pedido de condena a doce años de prisión por parte de la fiscalía que la encontró responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, y de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
“Se desmontaron las mentiras del fiscal Luciani y Mola y quedaron expuestas las arbitrariedades de este juicio, seguí las exposiciones ( de sus abogados ) en vivo y en directo y sentí que era como estar en una serie, donde finalmente se encuentra la verdad que es el deber de los juicios, los jueces y los fiscales”, señaló al inicio de su exposición.
En ese tramo del alegato expuso que harán un pedido junto con la absolución “para que se extraiga testimonio de todas las mentiras de los fiscales contrastadas con las pruebas periciales, testimoniales y documental de este juicio”. Es decir: denunciará a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que le pidieron doce años de cárcel.
A la hora de explicar en qué fundará la denuncia contra los fiscales se refirió “a tres ejemplos que los fiscales usaron para acusarme, tres mentiras, porque las pruebas deben estar en el expediente y eso no ocurrió”.
En primer término se refirió a una prueba documental que a su criterio, debía ser anulada. Se trataba de un informe de la Dirección Nacional de Vialidad de enero de 2016, cuando Mauricio Macri ya había asumido la presidencia de la Nación. “El acta de la funcionaria del Distrito 23 (sede de Vialidad Nacional en Santa Cruz) decía que a diciembre de 2015 no se le debía nada al Grupo Austral, pero durante el juicio la misma persona dijo que firmó eso sin corroborar nada, por miedo a represalias de la nueva gestión de Javier Iguacel”.
Por ese motivo, la vicepresidente remarcó que dicho documental “debería ser destruida como prueba en este juicio, sin embargo, el fiscal la incluyó en el alegato final”. Fue el primer elemento señalado como causal de la denuncia que formulará.
Como segundo ejemplo se refirió a la supuesta reunión con Lázaro Báez en Río Gallegos en noviembre de 2015. Los fiscales hablaron que en esa época cuando le quedaban pocos días al gobierno de Cristina Kirchner, se puso en marcha lo que José López en un mensaje de whatsapp denominó “plan limpiar todo”. Esas palabras fueron enviadas al presidente de Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, la misma que ganó 51 licitaciones viales por $ 46.000 millones.
“No sé qué le pasa a Comodoro Py con mis reuniones, tuve que declarar en una causa donde se decía que me reuní con el juez Sebastián Casanello y se demostró que era mentira”, sin embargo “no les molesta que los fiscales y jueces jueguen en la quinta de Mauricio Macri”, replicó Cristina Kirchner.
Retomó en tal instancia la acusación sobre su conocimiento sobre el esquema puesto en marcha para el cierre definitivo de la constructora. “De haber existido la reunión igual no hubiera constituido ningún delito pero lo usaron para hablar del plan limpien y no sé qué más, todo mentira ese día estaba en Río Negro”.
Este segundo ejemplo fue señalado como otro motivo para avanzar en una denuncia contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El tercer ejemplo, finalmente, se sustentó en la utilización de los mensajes del celular de José López, ex secretario de Obras Públicas de las tres gestiones kirchneristas. “El fiscal dijo que estuvo durante meses mirando las 9.000 fojas del teléfono, analizaron 26.000 llamadas y mencionaron cuatro que mostraban la familiaridad con Báez”.
Al respecto retomó algo ya plantado en el descargo que formuló fuera de sede judicial al día siguiente del pedido de condena: “Al fiscal se le pasaron 400 llamadas con Nicolás Caputo el hermano de vida del señor Macri, donde denotaba una familiaridad que ninguno de los que estamos en este juicio tenemos entre nosotros” y “del empresario Gutiérrez (investigado con López en la causa por enriquecimiento ilícito”.
Respecto a estos dos últimos empresarios, Cristina Kirchner ya había hecho la mención del rol del macrismo en el origen de los nueve millones de dólares hallados en los bolsos de José López en junio de 2016 cuando buscó esconderlos en el convento de General Rodríguez.
Estos tres ejemplos, continuó la vice, “demuestran las mentiras en las que incurrió la fiscalía y creo yo que estamos ante un claro caso de prevaricato, porque no sólo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad sino todos los funcionarios judiciales”.
Por ese motivo reiteró, es que pedirá que se investiguen “estos hechos señalados por la fiscalía “donde queda demostrado que los fiscales mintieron en el alegato final de acusación”.
Concluyó este tramos de su exposición diciendo que las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal ” han sido las calumnias, mentiras y difamaciones”.