Como efecto dominó, la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner podría ser la primera de una serie de decisiones que se toman en Comodoro Py y que la tienen a la vice como protagonistas de presuntos hechos de corrupción. En los próximos días la Cámara de Casación se pronunciará sobre la condena que recibió Lázaro Báez por lavar 55 millones de dólares con Austral Construcciones. En ese caso se sostuvo que el dinero para volcar a esas operaciones de blanqueo, provino de las irregularidades de la obra pública vial. Una estructura que podría quedar sellada por el máximo tribunal penal.
De forma categórica los jueces que condenaron a seis años de prisión a la vicepresidenta por hechos de corrupción, sostuvieron que en la tramitación de las 51 licitaciones que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez en suelo santacruceño, “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses del Estado”.
Esta primera estructura consignada en los fundamentos abreviados que firmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, refirió a Lázaro Báez como el receptor de manera “sistemática” de los contratos viales. Su grupo económico, desarrollaron los magistrados que le dieron seis años de cárcel al empresario, “su conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial” en Santa Cruz.
Los procesos licitatorios mostraron una actitud “condescendiente” por parte de los funcionarios intervinientes, “con las empresas del grupo Báez para que éstas resultaran adjudicatarias de la mayoría de las obras viales licitadas en Santa Cruz”, entre 2003 y 2015, es decir: durante los gobiernos kirchneristas.
El Grupo Austral ganó las licitaciones cuestionadas, porque los funcionarios “omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas como así también supervisar mínimamente el avance de las obras”, pero además, agregaron los jueces “han tratado en forma preferencial a las sociedades del grupo, proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de cobro, ya sea garantizando adelantos financieros o a través de pagos anticipados de certificados de obra”.
Ese circuito que corroboraron fue irregular y generado para que fondos públicos terminen en manos del mismo grupo económico, derivó en otras maniobras delictivas. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en febrero de 2021 terminó el juicio del caso conocido como la Ruta del Dinero K con una condena de doce años para Báez.
Se acusó al contratista de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, el mismo período en el que el TOF 2 determinó que recibió sistemáticamente contratos viales. En ese sentido, la acusación sostiene que el dinero volcado a las maniobras de blanqueo, provino de las irregularidades en la obra pública vial y los delitos tributarios, como delito precedente.
Este planteo tuvo el aval de dos de los magistrados del TOF: Néstor Costabel y Adriana Pallioti, en tanto Gabriela López Íñiguez se pronunció en disidencia. Así, la causa con un voto mayoritario quedó vinculada a la obra pública vial donde se condenó a Cristina Kirchner por haber favorecido con contratos viales “plagados de irregularidades (sobreprecios del 65% entre ellos) a su ex socio comercial.
De confirmarse esta condena se le dará más fuerza a lo concluido por los jueces que condenaron a Cristina Kirchner: entre la vice y Lázaro Báez había poca distancia cuando de negocios se habla y el eslabón indispensable para todo fue siempre Austral Construcciones, garantizado un enorme flujo de fondos.
La fortuna de Báez, que asciende 205 millones de dólares, fue un eje central en el caso, ya que se consideró que la compra compulsiva de 1.420 bienes, fue producto de un ilícito. En el marco de la Ruta del Dinero los jueces coincidieron en sostener que esa adquisición de bienes muebles e inmuebles fue resultado de operaciones ilegales.
La empresa Austral Construcciones, en proceso de quiebra desde que no recibió más contratos cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada, fue la piedra angular de las maniobras donde se lavaron 55 millones de dólares.
Será la Sala IV de la Cámara de Casación la que se pronunciará sobre esta condena por lavado de dinero que tiene como delito precedente, tal como requiere toda operación de blanqueo, la obra pública vial, como también una usina de facturas apócrifas.
Para Lázaro Báez no existieron ninguna de las irregularidades que están siendo juzgadas en la obra pública. Ante la Casación -a través de un escrito- habló de “falta de coherencia lógica de la resolución además de los serios errores de valoración de la prueba”, en cuanto a los dos jueces que señalaron que el delito precedente de las maniobras de blanqueo, es el caso de la obra pública vial.
En su descargo el ex socio comercial de Cristina Kirchner dijo que no hay nada que sustente que “la proveniencia de bienes ilícitos como producto de las 51 obras públicas licitadas en la Provincia de Santa Cruz entre los años 2003-2015”. Esta semana el TOF 2 a cargo del juicio Vialidad, dijo lo contrario y Báez sumó otra condena por corrupción.
Para Lázaro Báez todo le fue adjudicado de manera legal, no existieron sobreprecios. No pudo explicar aún ante la justicia, sin embargo, cómo logró que su patrimonio se incremente un 12.000% y el de Austral Construcciones un 46.000%, según los datos de la imputación en base a declaraciones tributarias.
Junto con la condena en la Ruta del Dinero K, los jueces tomaron decisiones sobre esa riqueza: se ordenó el decomiso de una suma global de 61 millones de dólares, como también 4,7 millones de pesos. Pero además, tiene que pagar una multa de 480 millones de dólares, que supera ampliamente su fortuna.
En lo que concierne a su firma insignia, Austral Construcciones, se le aplicó una multa correspondiente a dos veces el monto de las operaciones en que intervino.
La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
En este expediente con distinto grado de participación, la familia Báez quedó condenada por lavado de dinero. Se condenó a Martín Báez a la pena de nueve años; a Leandro, como parte de la organización que se dedicó a las maniobras de blanqueo, le recayó una pena de cinco años, y la acusación más leve y en suspenso, fue para las hijas del empresario: Melina y Luciana fueron sentenciadas a tres años.