La Cámara Federal de Casación Penal comenzó a revisar este miércoles las condenas de más de 6 años de prisión dictadas por el tribunal oral de Salta por el robo de caños para el otro gasoducto que el Gobierno prometió terminar y sigue sin operar: el del Noreste. Entre los condenados se encuentra el ex intendente de la localidad salteña de Aguaray, el kirchnerista Jorge Prado.
La Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, celebró este miércoles la audiencia de revisión en el marco de la causa por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
Durante el desarrollo de la audiencia realizada en la nueva Sala “Malvinas Argentinas”, las defensas presentaron sus argumentos contra la sentencia que condenó al ex intendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Enrique Prado a 6 años y 6 meses de prisión y a los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera a 6 años y 3 años y 8 meses de prisión, respectivamente.
Por su parte, la acusación (representada por el Ministerio Público Fiscal y la querella) solicitó que se revoquen las absoluciones de otros imputados y se agraven las penas impuestas a los ya condenados.
En la causa se investiga la sustracción durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020 de alrededor de 228 caños del gasoducto pertenecientes al Estado Nacional del noreste argentino conocido como GNEA.
Dicho gasoducto fue declarado de interés público y concesionado para su realización a la empresa ENARSA, hoy IEASA, con la finalidad de transportar más gas desde Bolivia a Argentina, obra que según afirmó la acusación asciende a un monto de $ 2.000.000.000 y beneficiaría a 1.700.000 habitantes de las zonas aledañas al trazado de la obra.
IEASA es la misma empresa que está encargada del proyecto del gasoducto “Néstor Kirchner” para unir los pozos de gas de Vaca Muerta, Neuquén, con la red desde Salliqueló, Buenos Aires. La conducción de IEASA, a cargo del dirigente de La Cámpora, Agustín Gérez, está bajo la lupa judicial por la denuncia del ex ministro de la Producción, Matías Kulfas, quien denunció irregularidades en la licitación.
La audiencia celebrada en Comodoro Py se enmarcó en los lineamientos que promueve el nuevo Código Procesal Penal Federal, que privilegia los principios de oralidad, inmediación, publicidad y de claro tinte acusatorio. Por primera vez se propuso y aceptó la declaración de un testigo propuesto por una de las defensas ante los magistrados a cargo de la revisión de la sentencia.
El gasoducto GNEA no solo sufrió el robo de caños. El secretario de Energía, Darío Martínez, anunció que en marzo de este año que se avanzaría en el retraso del tramo correspondiente a la provincia de Salta del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), en el marco de su participación en la 8va Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino. El GNEA funciona en forma parcial.
La finalización del tendido -en un tramo limítrofe entre Salta y Formosa- forma parte de plan de gasoductos Transport.Ar y prevé una inversión de US$ 150 millones.
Es que el gasoducto tenía la idea inicial de promover el abastecimiento de gas natural desde Bolivia a las provincias del Noreste Argentino (Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y norte de Santa Fe).
Ya en el 2017, la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN) había objetado la marcha del proyecto del gasoducto de la GNEA en una auditoría a la que accedió Clarín.
En esa auditoría, la SIGEN señaló que “e ha constatado que ningún estudio de preinversión ha sido informado por ENARSA a la Dirección Nacional de Inversión Pública en el marco de lo dispuesto la Ley N° 24.354 (arts. 2º y 3º) y normativa reglamentaria y complementaria”.
Asimismo, “la carencia de una adecuada planificación no permitió el cumplimiento de los objetivos programados pues debe recordarse que en el año 20072 la ejecución total del proyecto había sido prevista para los años 2008-2009 y la proyección de los plazos de ejecución y finalización del gasoducto fue extendiéndose a lo largo de los años hasta la actualidad, encontrándose aún en vías de ejecución”, agregó el informe de la SIGEN.
En aquel momento, ENARSA también estaba dirigida por La Cámpora pero con otros dirigentes que fueron investigados por la compra directa con buques de gas natural licuado (GNL) por 17 mil millones de dólares.
De la documentación analizada, “no se ha observado la existencia de información valorizada y suficiente que sustentara las diversas estimaciones de las inversiones proyectadas para cada rediseño de la traza del GNEA, lo cual evidencia la falta de desarrollo estratégico del proyecto. Inicialmente, el Decreto N° 267/07 previó una inversión total en la suma de U$S1.382.557.000.- para 1.500 km de extensión del gasoducto”.
La última inversión presupuestada del proyecto, en el 2017, “ascendió a U$S1.751.000.000.- para 4.131 km de extensión”.
La “sumatoria de los diecisiete contratos ya suscriptos y en ejecución arroja un total de U$S2.217.912.015.- con una extensión de 1.485 km de cañería de 24” y 1.533 km de ramales de aproximación totalizando 3.018 km (Etapas I y II), sin contar la longitud e inversión de los tramos de las Provincias de Misiones y Corrientes correspondientes a la Etapa III que se encuentran pendientes de construcción”, finalizó la SIGEN.
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