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16 junio, 2024

El Servicio Penitenciario Bonaerense salió a decir que los celulares en las cárceles solo tienen WhatsApp y que bajaron el delito virtual

Un día después de que diputados opositores reclamaran la derogación del protocolo de uso de celulares en prisión, el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguró que la regulación de la utilización de teléfonos móviles bajó la cantidad de delitos virtuales cometidos desde las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Además, sostuvo que los internos solo los utilizan para WhatsApp y actividades educativas.

La polémica se inició por un proyecto impulsado por Matías Ranzini -alfil de Cristian Ritondo en la legislatura provincial- que firmaron otros tres diputados bonaerenses de Juntos: Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco. En ese documento, los legisladores reclamaron al gobierno de Axel Kicillof que deje sin efecto el protocolo -en teoría, excepcional para el contexto pandémico- sobre el uso de celulares en las cárceles.

Los opositores recordaron que la utilización de esos dispositivos fue permitido en marzo de 2020, con el inicio de las restricciones por la pandemia de coronavirus, y con el objetivo de que los presos mantuvieran contacto con sus familiares, según remarcan desde el organismo carcelario, por pedido judicial.

El Gobierno bonaerense estableció que el protocolo tendría vigencia hasta que quedara sin efecto el aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó Alberto Fernández. Sin embargo, tras la finalización del ASPO, el protocolo se mantuvo en pie aún hasta ahora. Y, agregaron los legisladores de Juntos, en el período se evidenció un incremento de delitos cometidos u organizados desde detrás de las rejas.

Cárcel Unidad 44 de Batán. Foto Fabián Gastiarena

Este martes, el Servicio Penitenciario Bonaerense salió a responderles a los diputados, con un comunicado en el que destacaron las bondades del protocolo y, lejos de admitir la ola de delitos desde cárceles provinciales, retrucaron que lograron bajar la estadística, aunque sin más detalles.

“Las razones de esta resolución judicial estuvieron ligadas a la pandemia Covid-19 y a la necesidad de cesar las visitas a las personas detenidas en unidades penales como forma de evitar contagios masivos que colapsaran el sistema de salud pública”, comenzó la entidad dirigida por el subjefe Javier Cáceres, que depende del Ministerio de Justicia provincial a cargo, a su vez, de Julio Alak.

Tras remarcar antecedentes de otras jurisdicciones argentinas y de otros países, enumeró las supuestas “pautas rigurosas” que rigen el uso de los teléfonos móviles en las celdas: se destinan a comunicación con familiares y a actividades educativas, además de registrar a los usuarios.

“El Protocolo”, repasa el SPB, “circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un Registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales —con excepción de whatsapp—”, indicaron desde el organismo.

La app de mensajería directa es, junto a los llamados, una de las más frecuentes vías que encuentran los presos para cometer delitos desde su detención, como secuestros virtuales, estafas telefónicas y amenazas, de acuerdo al recuento de casos recolectados por los propios legisladores con su correlato noticioso.

La supuesta limitación a WhatsApp parece contrastarse ante las frecuentes publicaciones que se vuelven noticia, de presos en otras redes como Facebook o TikTok.

Así y todo, el ente penitenciario contradijo a los diputados opositores, al sostener que su puesta en práctica ayudó a reducir los delitos virtuales.

“Desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”, expresaron desde el gobierno de Kicillof.

No hubo tampoco detalle de cómo es el contralor de los celulares o si existe algún software aplicado para el registro o la regulación tan específica del uso.

Qué dijo la oposición sobre los celulares en las cárceles

Así, desde la Provincia de Buenos Aires intentaron desacreditar el proyecto opositor, que mostraba su preocupación por la falta de control de los teléfonos y por el ascenso de delitos virtuales.

“¿Cuál es el interés del gobierno de Kicillof en que los internos dispongan del uso libre de teléfonos celulares?, ¿no saben acaso de la infinidad de delitos que se cometen gracias a esta modalidad? Lo saben por los distintos allanamientos a los penales, pero lo peor es que no hacen nada”, se preguntó Campbell, uno de los impulsores de la iniciativa.

“La utilización de la telefonía móvil y el acceso a Internet que se ha brindado a través de la decisión de la Provincia posee grandes riesgos asociados a la seguridad que, si bien no resultan insalvables, son de compleja y costosa gestión y prevención”, añadió el vicepresidente del bloque Juntos en la Cámara baja bonaerense.

Entre los delitos sobre los que llamaron la atención, se encuentran “extorsiones, amenazas, coordinación de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios, perpetración de atentados a la autoridad coordinados desde estos dispositivos, amenazas a miembros del poder judicial y testigos, planificación de evasiones, e intimidaciones”, detallaron en el proyecto presentado.

La comunicación oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense dejó latente que el uso de celulares en las cárceles continúa y no dio indicios de si se evalúa descartar un protocolo que se instaló como excepcional y provisorio en un contexto pandémico que ya no es tal.

Recientemente hubo allanamientos a la Unidad 9, en La Plata, por presuntas estafas telefónicas y digitales desde las celdas; en Sierra Chica, por un caso de grooming; en Batán, por engaños virtuales; y en Florencio Varela, tras denuncias de estafas con víctimas tan lejos como Lago Puelo, en la provincia de Chubut.

DS

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