El único juicio por corrupción que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo transita su etapa final: el 11 de julio iniciarán los alegatos de las partes, y antes de fin de año se conocería la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2. La vicepresidenta está procesada como jefa de una asociación que defraudó al Estado en 46.000 millones de pesos, al favorecer con obra pública vial a su ex socio comercial Lázaro Báez.
En esta causa, que tiene trece imputados, la principal acusación recae sobre la vicepresidenta: se la procesó como jefa de una asociación ilícita, que “junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado y a Lázaro Báez”, se dedicaron entre 2003 y 2015, “a cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
Cuando inició el juicio, el 21 de mayo de 2019, se dio lectura al dictamen final de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Para los representantes del Ministerio público fiscal, los “hechos de corrupción” investigados en este proceso funcionan como la “causa madre” de otros expedientes que involucran a la ex presidenta, como Hotesur y Los Sauces.
Por ese motivo, esta investigación fue determinada como el delito precedente de otras maniobras, como el lavado de dinero por el cual Báez fue condenado a doce años de prisión en la causa de La Ruta del Dinero K. Para Cristina, en cambio, no es más que una “causa armada, sin argumentos que tengan sustento jurídico”.
La auditoría de Vialidad Nacional que dio origen a este expediente fue criticada por la vicepresidenta. Se planteó allí que el 86% de las obras licitadas en Santa Cruz quedaron en manos de Báez, que la mitad de las mismas no se concluyeron y que se aplicaron sobreprecios promedio del 65%. La vice sostiene que se “tergiversó la información” y que tales irregularidades “no existieron”.
Cuando fue su turno de declarar, en diciembre de 2019, apuntó en un teatral discurso contra los jueces del TOF 2: “Este tribunal seguro es del lawfare y seguro ya escribió la condena. No me importa, sepan, no me importa. A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”.
Fue la única y última vez que habló en el juicio que se acerca a su etapa final. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que concluidas hace semanas las declaraciones testimoniales, se espera que el fiscal Diego Luciani inicie su alegato antes de la feria judicial de invierno, según lo previsto y si no hay ningún imponderable.
La fiscalía ante el TOF 2 sostiene la acusación con la que el caso llegó a juicio oral: que se montó una estructura desde organismos del Estado para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner: 18 compraventas de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos, contrataciones cruzadas, entre otras.
El representante del Ministerio Público Fiscal trabaja en una dura acusación contra Cristina, su ex socio comercial y los demás imputados. La lectura de su alegato demandará varias audiencias, algo que el Tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, tienen fijado en el calendario judicial.
Entre el pedido de ampliación de indagatorias de los acusados y otras etapas del proceso, los jueces estarán en condiciones de leer el veredicto, a fines de noviembre o comienzos de diciembre.
El juicio que lleva más de 110 audiencias, contó con otra novedad. El TOF 2 recientemente, rechazó el pedido del fiscal Luciani para incorporar al juicio un nuevo informe confeccionado por Alejandro Mon, ex asesor de la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión macrista, donde se detallan aún más irregularidades que las analizadas por la fiscalía y que sustentan la acusación del caso.
Se trata de más de seiscientos archivos que totalizan 21 gigabytes de información, además de los cuadernos y el bibliorato aportados en soporte papel. El Tribunal entendió que a estas alturas del juicio no correspondía incorporar un documento semejante. Recordó que ya se hizo una pericia sobre cinco obras testigo, donde los peritos de la Corte y por la fiscalía concluyeron que hubo sobreprecios de 170 a 220 millones de dólares.
Los jueces entendieron que la declaración testimonial de Mon, cargada de información que se desprendió del informe, como la prueba generada, eran suficientes insumos para juicio que está por concluir.
En su declaración, el ex asesor de Javier Iguacel en Vialidad sostuvo que Lázaro Báez recibió obras con procesos irregulares: en seis meses ganó veinte contratos “que no se le deberían haber otorgado”, declaró. Cuando explicó los motivos de su aseveración se remitió al informe completo sobre las 51 obras que ganó Báez que ese día entregó a los jueces.
El documento expone el modo en que se realizaron los presupuestos oficiales que derivaron en los fondos que se asignaron al Grupo Austral, el modo de realización y financiación de los “estudios y proyectos” de las obras. El informe consigna diversas observaciones a estos aspectos de distribución de dinero.
Otro aspecto señalado tiene que ver con el modo en que se cumplió con las disposiciones legales aplicables respecto a la publicidad de las licitaciones y los llamados a licitación efectuados con “urgencia”. Un caso testigos muestra cómo Lázaro Báez realizó la oferta con cifra exacta, 48 horas antes de que se haga público el pliego de la licitación.
Lo que se denunció es que el empresario K contaba con un circuito de información que le garantizaba no sólo conocer de antemano ciertos procesos, sino garantizarse la adjudicación de los contratos.