Es una Cámara de Apelaciones Federal con la que busca revisar los fallos en su contra. El edificio para que funcione no está construido a pesar de que ayer el Senado nombró a los jueces. Uno está directamente vinculado a los K.
Cristina Kirchner logró cubrir otro casillero en la justicia para intentar cubrirse de sus causas judiciales. Fue en la sesión del Senado de este miércoles donde aprobaron la designación de tres jueces afines al kirchnerismo para poner en funcionamiento una Cámara de Apelaciones que deberá radicarse en Piedra Buena, una localidad ubicada a 240 kilómetros de Río Gallegos a donde se accede por vía terrestre porque carece de conectividad aérea y en la que viven unos 6.000 habitantes, según los últimos datos censales.
Lo llamativo es que ese tribunal, que elimina la revisión de los fallos que se hacían en Comodoro Rivadavia, aún no cuenta con un edificio construido para que los jueces empiecen a trabajar y por eso el Consejo de la Magistratura aprobó una partida para alquilar una propiedad. Por ahora, es un tribunal “fantasma”.
La polémica por el tribunal se da porque los jueces son cercanos a los Kirchner. El caso más paradigmático es el de Marcelo Hugo Bersanelli, quien fue abogado de la vicepresidenta y que además fue concuñado de Máximo Kirchner. Estuvo casado con una hermana de la exesposa del hijo de la vicepresidenta.
Los otros jueces que integrarán el tribunal son Carlos Borges y Nélson Sánchez.
El primer argumento para crear el tribunal fue la necesidad de contar con una Cámara de Apelaciones en Santa Cruz para dejar de depender de Comodoro Rivadavia. Esa Cámara revisará las decisiones de tres juzgados federales uno ubicado en Río Gallegos, otro en el norte de la provincia -Caleta Olivia- y el último, en Tierra del Fuego.
Las distancias hacen caer el primer argumento oficialista. En primer término porque la virtualidad ganó terreno durante la pandemia, y en segunda instancia porque Piedra Buena se encuentra 466 kilómetros de Caleta Olivia y a 604 kilómetros de Río Grande. Su ubicación geográfica no es la más práctica, además considerando que sólo se llega allí por tierra a través de la Ruta Nacional 3, la misma que le adjudicó el gobierno kirchnerista a Lázaro Báez y que fue denunciada por diversas irregularidades.
Comandante Luis Piedra Buena cuenta con su propias particularidades. La localidad que tiene poco más de 6.000 habitantes, es gobernada por la misma familia desde hace décadas. Su intendente Federico Boldovic es el hijo de quien ocupó ese cargo casi ininterrumpidamente desde la década de los noventa. Incluso en épocas de elecciones -por muchos años- era la ciudad de la que inmediatamente se obtenían los resultados: había un sólo candidato.
El diputado por pueblo -figurada creada por el kirchnerismo para obtener mayoría en la Cámara de Diputados provincial-, es José Boldovic, histórico intendente de la localidad.
En esa pequeña ciudad santacruceña, histórico bastión kirchnerista, funcionará la Cámara que revisará las decisiones de tres juzgados federales.
En el Consejo de la Magistratura, las consejeras Roxana Reyes (diputada nacional de Cambiemos) y Jimena de la Torre (en representación de los abogados y ex funcionaria de la AFIP macrista), fueron las principales detractoras de la adquisición de un inmueble para la Cámara de Piedra Buena. El presupuesto se modificó y se votó, con abstenciones, con la aprobación de un alquiler de un edificio para que el tribunal constituido y aprobado tenga dónde funcionar.
“Sin debate previo, orientadas al alquiler de oficinas para dicha Cámara Federal, que no se me veo en la necesidad de poner en su conocimiento y acompañar copia de la nota que he recibido desde la Asociación de Abogados de Río Gallegos, que nuclea a los letrados del foro local ante la inexistencia de un Colegio de Abogados, por la que plantean los múltiples inconvenientes que la ubicación del referido tribunal acarrearía para el ejercicio práctico de la profesión y el orden de prioridades para el normal desarrollo del servicio de Justicia Federal en la jurisdicción”, le dijo en una nota a la que accedió Clarín, De la Torre al presidente de la Corte, Horacio Rosatti quien a su vez, presidente el Consejo.
¿Qué plantearon los abogados que deberán presentarse ante la Cámara creada? Que el Tribunal estará a 240 kilómetros del Juzgado Federal de Primera Instancia más próximo “y carece de infraestructura que garantice accesibilidad desde las distintas ciudades de Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que no posee aeropuerto comercial que realice vuelos regulares de línea”.
Por ejemplo, indicaron los abogados, “para llegar desde Tierra del Fuego tendrían que trasladarse en avión hacia la ciudad de Río Gallegos, y luego vía terrestre 240 kilómetros hasta Cte. Luis Piedrabuena. Se agrava esta situación si se advierte que desde la ciudad de Río Grande Ushuaia hacia Río Gallegos no existen en la actualidad vuelos; habiéndose privilegiado políticamente la comunicación con la localidad de El Calafate, que se encuentra a una distancia de 540 kilómetros vía terrestre de Piedrabuena”.
Un dato que no se puede omitir y recordaron los abogados, es que en época invernal el tránsito terrestre puede complicarse por la nieve y las heladas en las rutas. “Es decir, en todos los casos, el acceso a la ciudad de Comodoro Rivadavia es más simple y rápido que a la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena”, indicaron. Estos reclamos los trasladó Jimena de la Torre en representación de los abogados al Consejo de la Magistratura.
Por su lado, la diputada nacional por Santa Cruz realizó un análisis más político de la situación. “La Cámara de Piedrabuena es una muestra más de donde está la agenda de la vicepresidenta, lejos de la gente y sólo preocupada por manipular la justicia a su antojo, busca impunidad”, dijo en diálogo con Clarín, y añadió: “Sacan la alzada de Comodoro un lugar de fácil accesibilidad área para todos los justiciables y justamente lo ponen en un feudo kirchnerista”.
Lo que discuten las consejeras, además de interpretar que es una jugada de blindaje de Cristina y Máximo Kirchner respecto a la justicia de Santa Cruz, es que las necesidades del Poder Judicial son muchas en materia edilicia como en recursos financieros: el 98% del presupuesto (que es de más de $ 300 mil millones) se destina al pago de salarios.
Esa radiografía de una partida que poco deja para destinar a la inversión dentro de la Justicia, cuenta con otro número desfavorable: el 25% de los cargos de jueces nacionales y federales se encuentran vacantes. Entienden, las consejeras, que en ese contexto la Cámara Federal de Piedra Buena está ajena a los objetivos de una justicia más eficiente.
El presupuesto destinó para la Cámara sin edificio aún, de Piedra Buena $7.680.000 anuales.