El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, aseguró que la pandemia demostró la necesidad de fortalecer el multilateralismo, advirtió que “la tendencia a ciertos nacionalismos exacerbados llevó a la degradación de la gobernanza global” y subrayó que es “fundamental que no prosperen los discursos violentos” en el debate político.
“La representación tradicional está en crisis y es sustituida por formas de creación de consenso y de llegada al poder político que generan tensiones”, destacó en una entrevista con Télam el jurista uruguayo, quien desde enero preside el tribunal del que forma parte desde 2018.
De paso por Mar del Plata, donde recibió el título de doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de la ciudad (Unmdp), Pérez Manrique (75) remarcó que “los actos de violencia no son admisibles en una sociedad democrática”, y consideró necesario alcanzar “acuerdos de mínima” para evitar mensajes violentos en las redes “sin generar un efecto de censura”.
Télam: ¿Está en crisis la cooperación y el multilateralismo tras la pandemia?
Pérez Manrique: Estamos viviendo en un mundo que sufrió embates de distintas posiciones políticas que cuestionaron el multilateralismo y pretendían volver a la línea de que los Estados solos podían. El coronavirus nos demostró por ejemplo que si no trabajábamos todos juntos para conseguir la vacuna, no íbamos a poder vencerlo. Y hoy tenemos además una guerra que nos demuestra que si no hay multilateralismo para garantizar la paz volvemos al pasado, por la codicia o la sed de poder o de conseguir determinadas ventajas sobre otros Estados, que llevan a salidas que son de muy difícil solución, y que sobre todo generan un enorme sufrimiento. Esta tendencia a ciertos nacionalismos exacerbados es la degradación de la gobernanza global.
-¿Está dañado el consenso democrático que se alcanzó tras la salida de las dictaduras en la región?
-Creo que si miramos a la región estamos complicados. Hay una tendencia a la disconformidad permanente. Esto tiene que ver con los nuevos modos que tenemos de comunicarnos entre nosotros, que yo creo que pueden llevar a cierta anulación del debate, porque cada uno pone su opinión en redes sociales pensando que es el dueño de la verdad, y ahí genera bloques, divisiones. Hay un problema para las democracias que es la crisis del concepto de representación tal como estaba concebido clásicamente. Hay un divorcio entre las instituciones democráticas y lo que la gente aspira a que sea un verdadero funcionamiento democrático. Uno de los grandes desafíos del sistema es ver de qué manera se articula esta participación, porque la crisis de representación ha barrido con los partidos políticos tradicionales.
-¿Y quién ocupa ese lugar?
-La representación ha sido sustituida por otras formas de creación de consenso y de llegada al poder político que generan tensiones.
-¿Le preocupa el regreso de la violencia a la discusión política?
-Sí, porque es justamente el problema de la pérdida de referencias auténticamente democráticas. Ahí se vuelve fundamental que no prosperen los discursos violentos, y si prosperan, deberían ser aislados por el resto de la sociedad. Y no estoy hablando de represión, sino de que deberían ser encapsulados, para que no sigan creciendo. Creo que estamos viviendo un momento de transición, con factores como los nuevos sistemas de comunicación o escalas de producción que a veces no se entiende cómo funcionan.
-¿Cómo se encapsula esa violencia y qué papel tiene la justicia?
-Primero, una sociedad tiene una regla básica de relacionamiento, que es la Constitución. Y todos los órganos de gobierno y el sistema de justicia deben ajustarse. Y debe quedar claro que los actos de violencia no son admisibles en una sociedad democrática.
-¿Cómo se inscribe en ese sentido el debate sobre los llamados discursos de odio?
-El tema de los discursos de odio debe ser analizado de una manera muy concreta, porque la propia Convención Americana (de Derechos Humanos) dice que hay discursos que no son protegidos por los derechos humanos. Y esos son, esencialmente, aquellos discursos violentos o que convocan a la violencia. El artículo 13 dice que cuando un discurso es violento e incita a la violencia se considera un discurso de odio y no protegido. El riesgo que corremos es que, si esto no se precisa bien, cualquier cosa puede considerarse un discurso de odio, y eso puede significar una fuerte limitación a la libertad de expresión. Hay que delimitar de qué hablamos y hasta dónde llega la represión. Porque hay muchos gobiernos autoritarios que están apelando a esa cuestión para callar voces disidentes.
-¿Fracasó la autorregulación en las redes sociales?
-El problema es muy complejo. Por ejemplo, en materia de prensa tradicional creo que la autorregulación funcionó en general porque aparecieron códigos de ética periodística y de manejo de fuentes responsable. Por la complejidad de las redes y de sus operadores nadie sabe cuál es domicilio de estos jugadores globales, a quién identificar, a quién notificar. Por otra parte, tenemos los riesgos que implica una regulación nacional que pueda ser excesivamente restrictiva, y que puede generar un efecto de censura para el debate interno. Esto requiere un diálogo entre usuarios y operadores, y creo que ahí el periodismo tiene un rol muy importante. Son necesarios acuerdos de mínima, principios básicos que fueran construyendo consensos para que esto deje de ser visto como un negocio y se aborde como un tema de libertad de expresión, de que no haya discursos prohibidos y que todo el mundo pueda participar de manera pacífica. Hay una regla de ONU, que es que las normas que nos rigen en el mundo real tienen que regirnos en el virtual. Es el gran desafío.
-Advirtió en varias ocasiones sobre la “judicialización de la política y politización de la justicia”. ¿Podría profundizar sobre esta cuestión?
-La reflexión tiene que ver con la idea de la democracia como un sistema en el cual las diferencias se resuelven de manera pacífica. La política, que es el ámbito del debate público, debería ser el ámbito en el cual se produjera el debate y finalmente se resolvieran las cuestiones de determinada manera. Si se convierte en un centro de enfrentamiento que no es capaz de solucionar sus propios problemas, se termina judicializando todo. Y se pone en manos de los jueces causas que tienen en sí un altísimo voltaje político. Y esto hace que se dificulte su tarea, que debería centrarse en la aplicación del derecho. Y a veces vienen las tensiones, las presiones. Esos es lo que veo como negativo: derivar todo lo que es político a la Justicia. Ahora, si en el ejercicio de la función pública se cometen delitos, indudablemente hay que hacerlo. Pero entender que los jueces no ejercemos funciones de gobierno.